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La disputa sobre el cifrado entre el FBI y Apple se refiere a si los tribunales de Estados Unidos pueden obligar a los fabricantes a ayudar a desbloquear los teléfonos móviles cuyos datos están protegidos criptográficamente, y hasta qué punto.[1] Hay un gran debate sobre el acceso público al cifrado fuerte.[2]
En 2015 y 2016, Apple Inc. recibió y objetó o impugnó al menos 11 órdenes emitidas por los tribunales de distrito de Estados Unidos en virtud de la Ley de Todos los Mandatos de 1789. La mayoría de ellas pretenden obligar a Apple “a utilizar sus capacidades existentes para extraer datos como contactos, fotos y llamadas de iPhones bloqueados que funcionan con sistemas operativos iOS 7 y anteriores” con el fin de ayudar en investigaciones y procesos penales. Sin embargo, algunas solicitudes se refieren a teléfonos con protecciones de seguridad más extensas, que Apple no tiene actualmente la capacidad de romper. Estas órdenes obligarían a Apple a escribir un nuevo software que permitiera al gobierno saltarse la seguridad de estos dispositivos y desbloquear los teléfonos[3].
El caso más conocido de esta última categoría fue un caso judicial de febrero de 2016 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California. La Oficina Federal de Investigación (FBI) quería que Apple creara y firmara electrónicamente un nuevo software que permitiera al FBI desbloquear un iPhone 5C emitido por el trabajo que recuperó de uno de los tiradores que, en un ataque terrorista en diciembre de 2015 en San Bernardino, California, mató a 14 personas e hirió a 22. Los dos atacantes murieron posteriormente en un tiroteo con la policía, habiendo destruido primero sus teléfonos personales. El teléfono del trabajo se recuperó intacto, pero estaba bloqueado con una contraseña de cuatro dígitos y estaba configurado para eliminar todos sus datos tras diez intentos fallidos de contraseña (una medida antirrobo habitual en los smartphones). Apple se negó a crear el software y se programó una audiencia para el 22 de marzo. Sin embargo, un día antes de que se celebrara la vista, el gobierno obtuvo un aplazamiento, diciendo que había encontrado un tercero capaz de ayudar a desbloquear el iPhone. El 28 de marzo, el gobierno anunció que el FBI había desbloqueado el iPhone y retiró su solicitud. En marzo de 2018, Los Angeles Times informó de que “el FBI acabó descubriendo que el teléfono de Farook solo tenía información sobre el trabajo y no revelaba nada sobre el complot”[4].
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La audiencia se produce un día antes de que deje de estar en vigor la orden del máximo tribunal de precintar la zona donde supuestamente se encontró una estructura similar a un Shivling. (Archivo Express)El Tribunal Supremo escuchará el viernes una petición que busca la extensión de la protección de la zona en el templo de Kashi Vishwanath-complejo de la mezquita de Gyanvapi, donde se afirmó que se había encontrado un “Shivling” durante una inspección videográfica de las instalaciones de la mezquita a principios de este año.
Jain también señaló que el Tribunal de Distrito de Varanasi había rechazado la oposición del comité de la mezquita a la demanda de cinco mujeres hindúes, que pedían el derecho a venerar a las deidades situadas en el recinto de la mezquita de Gyanvapi durante todo el año. El comité de la mezquita había alegado que la demanda estaba prohibida por la Ley de Lugares de Culto de 1991, que prohíbe la conversión de la naturaleza de los lugares de culto después del 15 de agosto de 1947.
Al atender una petición de cinco mujeres hindúes que reclamaban el derecho de culto en Maa Shringar Gauri Sthal, en el muro exterior del complejo de la mezquita, un tribunal de Varanasi había designado el 8 de abril a un comisario defensor para que llevara a cabo una inspección del lugar, para “preparar una videografía de la acción” y presentar un informe.
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El Tribunal Supremo ordenó el miércoles a la Comisión Electoral que pospusiera la emisión de la notificación de la gaceta para las elecciones parciales de la Asamblea de Rampur para el 11 de noviembre, a fin de permitir que el líder del Partido Samajwadi, Azam Khan, solicite una suspensión de su condena en el caso de discurso de odio de 2019 ante el tribunal inferior.
El tribunal, compuesto por el presidente D.Y. Chandrachud, la jueza Hima Kohli y el juez J.B. Pardiwala, pidió además al juez de sesiones adicional de Rampur que considerara y resolviera la petición de Khan sobre la suspensión de la condena en el caso de incitación al odio mañana mismo.
El abogado P Chidambaram, que representaba a Khan, informó al Tribunal Supremo de que el líder del Partido Samajwadi había sido condenado el 27 de octubre por un tribunal de Uttar Pradesh por un caso de incitación al odio y había sido sentenciado a tres años de prisión. Tras su condena, Khan fue inhabilitado para ser miembro de la Asamblea de UP.
Según el abogado, el escaño de la Asamblea de Rampur Sadar fue declarado vacante al día siguiente de la decisión del tribunal y la fecha de las elecciones parciales se fijó para el 10 de noviembre.
Caso supremo
Al rechazar la apelación de Thomas Buffington contra la decisión de un tribunal inferior que confirmaba las medidas de la Administración de Veteranos que le negaban varios años de prestaciones, los jueces dejaron pasar la oportunidad de restringir el poder de las agencias federales.
La apelación de Buffington había pedido al alto tribunal que reconsiderara un fallo histórico de 1984 que otorgaba a las agencias federales una amplia libertad de interpretación de las leyes, una forma de deferencia que los conservadores han criticado durante mucho tiempo por otorgar demasiada autoridad a los organismos reguladores.
En una disidencia de la decisión de denegar el caso, Gorsuch escribió que los tribunales que aplican esa deferencia fallan a las personas que tienen derecho a que “jueces independientes, no actores políticamente motivados, resuelvan sus derechos y deberes bajo la ley.”
Buffington sirvió en la Fuerza Aérea de 1992 a 2000, y en 2002 se le concedieron beneficios por tinnitus -una condición que implica zumbido en los oídos que se había considerado relacionada con su servicio militar- que el departamento calificó como 10% de discapacidad. La ley federal permite a los veteranos recibir una indemnización si están incapacitados en el cumplimiento del deber.
